Unos 9 millones de personas  tienen derecho a recibir su prestación por jubilación, en modalidad contributiva, con objeto de compensar la pérdida de ingresos que se produce cuando, alcanzada la edad establecida, cesan en su trabajo poniendo fin a su vida laboral, el llamado colectivo de pensionistas. En condiciones normales viven con cierta dificultad, situación que ahora puede verse agravada por la recesión económica. 

Es evidente que, en general, las personas que desarrollan una actividad profesional a lo largo de su vida, cuando se jubilan, soportan una perdida de su poder adquisitivo, a pesar de haber cotizado toda su vida laboral a la Seguridad Social. Nuestro sistema se basa en la solidaridad intergeneracional, es decir, el equilibrio se sostiene porque los que están en activo financian a los pasivos que, a su vez, antes cotizaron para que otros recibieran su prestación. Esta combinación requiere un volumen determinado de ocupados y un volumen de pasivos con una esperanza media de vida determinada para que no se produzca la quiebra del sistema.

La pensión contributiva media, en 2009, se sitúa en torno a 742€ mensuales y se revaloriza, anualmente, con los presupuestos generales del Estado, tomando como referencia la inflación interanual pasada. Si complementariamente no hemos ahorrado de forma privada o invertido en fondos de pensiones privados, con esta pensión y con los actuales costes de los servicios básicos, las dificultades para subsistir son enormes y en muchos casos son los hijos los que deben financiar aportaciones extras.

La convulsa situación económica que vamos a soportar, con una disminución de los ocupados y estancamiento del PIB, debería obligar al Gobierno a reflexionar sobre la estabilidad presente y futura de nuestro sistema contributivo de pensiones, el cual, creo que es manifiestamente mejorable para garantizar su estabilidad pero también para mejorar las prestaciones, probablemente trabajando más años y con menos prejubilación. 

21.1.2009