Ayer todos los ciudadanos nos levantamos con menos capacidad de consumo, debemos pagar más por los mismos productos que habitualmente consumimos, entró en vigor el aumento del Impuesto de Valor Añadido. La tarifa general pasó del 16% al 18%, la reducida del 7% al 8% y la superreducida se mantiene en el 4%.
Con esta medida el Gobierno estima que recaudará 5.150 millones de euros adicionales, aunque para que esto sea cierto debemos dar por sentado que se van a cumplir determinados requisitos. Aceptado que los recaudadores de este impuesto son las empresas y los profesionales, los cuales tienen la responsabilidad de liquidar lo cobrado a Hacienda, debemos exigir un riguroso control de posibles fraudes como prestar servicios o vender productos sin factura quedando, de este modo, excluido el IVA de la transacción. En el ciclo recesivo actual la tentación de no perder una venta y abaratar el coste al consumidor es alta.
La fuerte caída de la demanda, la alta tasa de desempleo y las duras restricciones salariales, pueden inducir a muchas empresas y profesionales a compensar la subida del IVA, rebajando el precio del producto, de forma que Hacienda recaudaría menos que antes ya que tipos más altos con precios más bajos produce menor ingreso.
Estos requisitos generan muchas incertezas de que la estimación de recaudación se produzca, y la certeza de que la medida incomoda, y mucho, a todos los consumidores. El coste político asumido es alto y la compensación en ingresos, caso de producirse, de baja incidencia en términos relativos al total de ingresos del Estado.
El Gobierno debe recaudar más, aunque la formula de aumentar impuestos, en tiempos de crisis tan aguda, no es la formula más adecuada. Si gravan al consumo frenan la demanda, si gravan a las empresas frenan la inversión y si gravan a los asalariados limitan su capacidad de compra. Lo necesario y efectivo es un riguroso y duro plan de medidas que ataquen al fraude fiscal en todas sus vertientes, desde el pequeño comercio al alegre tráfico de capitales con destino a paraísos fiscales. Para este objetivo todos debemos implicarnos, si nadie defrauda recaudaríamos mucho más y todos podríamos pagar menos.
30.6.2010