El concepto Estado del Bienestar, en sus albores, lo encontramos a mediados del s.XIX, principios del XX, en principio, como consecuencia de la presión de los movimientos obreros, posteriormente como receta para reactivar Europa después de la segunda gran guerra y aplicar las políticas Keynesianas de post guerra, en terminología anglosajona se denominó “welfare state” en contraposición al “warfare state” de la Alemania nazi.

Este concepto a lo largo del tiempo se ha revelado como una seña de identidad en el marco de la Unión Europea, aunque el modelo social europeo no es uniforme, existiendo matices en función de los países que se agrupan. Así se configuran cuatro modelos: el nórdico, el continental más propio de la Europa central, el anglosajón y el mediterráneo más propio de los países del sur. No es de extrañar que tengamos distintos grados de aplicación y desarrollo en Suecia, en Alemania , en Inglaterra o en España por citar los países más característicos de cada modelo.

Los rasgos esenciales están cimentados en el principio de solidaridad y subsidiariedad y el Estado asume un peso especifico muy relevante en la sociedad al responsabilizarse de gestionar servicios públicos como defensa, justicia, educación, sanidad, seguridad, infraestructuras, pensiones y prestaciones sociales en general, de modo que el Estado recauda impuestos reasignándolos  en garantizar estos servicios públicos y , de este modo, evitar una dualización de la sociedad. 

Para que todo esto funcione es necesario que existan servidores públicos, mal llamados funcionarios, y éstos deberían estar preparados, cualificados y bien retribuidos prestando sus servicios con eficiencia, medios y profesionalidad. El problema no es si rebajamos el 4% a los 120 mil millones de euros que cobran los 2,6 millones de servidores públicos, sino, si las funciones que desempeñan están a la altura de las legitimas exigencias de los contribuyentes, y si, su productividad esta acorde con la sociedad de las nuevas tecnologías. En la función pública hay excelentes profesionales, pero también muchas rémoras, y por ello es necesaria una profunda reforma que aborde este tema, no las retribuciones.

2.3.2010