El objetivo prioritario de cualquier Gobierno debería ser crear las condiciones para generar empleo. Es el epicentro a través del cual se mueven todas las sociedades desarrolladas y el único modo de que se desarrollen las que aun no lo están.
La tasa de actividad mide la relación entre el total de la población activa sobre el total de la población, es un indicador de referencia que, obviamente, cuanto mejor sea mas bienestar tenemos. En el año 1980 la tasa era del 57%, llego al 71% en el 2005, y en el primer trimestre del 2009 ha caído al 60%, siendo la tasa de paro del 17,36%. La correlación es a menor actividad más paro.
Si observamos la estructura de los activos con contrato vemos que, el 25,41% son temporales, el 12,69% a tiempo parcial, y un 62% son contratos fijos. La flexibilidad en las modalidades de contratación es buena ya que incentiva la creación de empleo, pero tal como esta segmentada discrimina en derechos según seas temporal o fijo a pesar de tener las mismas obligaciones.
Las cotizaciones sociales y parte de impuestos financian las distintas modalidades de prestaciones; desempleo, sanitarias, jubilación y las universalizadas denominadas no contributivas. Con tasas de actividad bajas hay menos cotizantes y mas usuarios de prestaciones y ello produce déficits en los sistemas de protección peligrosos.
Solo estos datos ya justifican que se adopte un “acuerdo social para el empleo”, pero debería integrar tres vectores fundamentales: la evolución de la estructura demográfica, facilitar la actividad empresarial, y garantizar un sistema sostenible de subsidios y jubilación.
Los agentes sociales deben abandonar planteamientos deterministas y atender los profundos cambios que se están operando en la estructura productiva y laboral de nuestra sociedad presente y futura. Ni los empresarios pueden garantizar por si mismos generación de riqueza, ni los trabajadores deben abusar del corporativismo, ni el Gobierno tiene todas las soluciones ni puede contentar a todo el mundo. Pero las tres partes deben sumar para aumentar la tasa de actividad y propiciar un mercado laboral más justo, que equipare derechos y obligaciones. Es imprescindible un acuerdo.
19.7.2009